Incertidumbre. Nadie sabe ahora cuánto aumentarán los haberes previsionales. También existen diferencias según la fecha de ingreso al sistema de pensiones.
Con el aplanamiento o incremento diferenciado del 3,75 al 12,96% en función del espectro de haberes (como reemplazo de la fórmula de movilidad, que desde marzo de 2009 otorgaba a todos los pensionados el mismo porcentaje del régimen general y otros beneficios sociales) surgieron nuevas distorsiones generados en el sistema de pensiones.
Es así que además de actualizar las pensiones y otras prestaciones sociales en un porcentaje uniforme, se ha aplicado la fórmula de movilidad como coeficiente para otro conjunto de indicadores de pensiones y salarios.
Con los porcentajes diferenciados, ya no existía un índice único de movilidad y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tuvo que resolver el problema con un nuevo coeficiente que creó un sistema de «doble barra» que cambió la forma en que evolucionó el sistema.
La Resolución Ministerial 139, publicada en el Boletín Oficial el martes 3 de marzo, permitió «un criterio sustitutivo para actualizar los conceptos y ventajas mencionados en los considerandos anteriores por criterios de adecuación y equilibrio».
Y se consideró «relevante utilizar el índice establecido por la Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables, ya que refleja fielmente el desempeño real del mercado laboral y las fluctuaciones salariales al abarcar todos los sectores de la economía».
Este índice, utilizado para actualizar los sueldos de los últimos 10 años antes de la terminación de la relación laboral y como referencia para el cálculo del préstamo inicial, corresponde al tercer trimestre de 2019 de movilidad suspendida por el retraso de 6 meses con el que se aplicó la fórmula que fue del 9,38%.
Adición y sustracción
El salario máximo se ajustó al 3,75%, pero la recompensa máxima de la tarifa se incrementó en un 9,38%. «Es una doble vara porque habrá que contribuir a un salario más alto, pero la otra parte es una jubilación máxima más baja», dice la abogada previsionalista Andrea Falcone.
La relación entre el sueldo máximo y el haber máximo de la subvención fue del 64,8% y se reduce al 61,5%.
“Las cuotas para las moratorias previsionales para el pago de las contribuciones faltantes a través de un plan de 60 cuotas, se actualizaron con las tarifas de la Ley de Movilidad.
La resolución ministerial decidió que las tarifas debían ajustarse en un 12,96%, mientras que los jubilados que aceptaron la reparación histórica y tenían un juicio reciben tarifas trimestrales por los pagos retroactivos, que también fueron ajustados por el índice de movilidad suspendida.
La resolución ministerial dice que se actualizarán en un 9,38%. Es decir, cuando ANSES es el acreedor del pensionado, cobra un ajuste del 12,96% y cuando es el deudor del pensionado paga un aumento del 9,38%”, explica Falcone.
Aparte, en lugar del aumento del 2,3% más $1500, las más de 8000 jubilaciones y pensiones de investigadores científicos y tecnológicos en lugar del 11,56%, recibirán un 9,38%.
Es decir, si se les aplicara el incremento del 2,3% más $ 1.500, para tener jubilaciones y pensiones de investigadores superiores a las del régimen general, habría representado un incremento medio inferior al 4%.
Este sector se jubila con un 85% variable de la retribución total, sujeto al pago de una subvención en el momento de la terminación definitiva del servicio. En consecuencia, 2,3% más $ 1,500 habrían determinado un aumento mucho menor que la movilidad salarial para 85% móvil.
También habría marcado la diferencia entre los que se jubilan a partir de ahora porque comenzarían con un activo inicial del 85% de móviles, mientras que los activos de los ya jubilados serían inferiores a ese porcentaje.
«La Ley de Reparación Histórica estipuló que ANSES pagará los honorarios a los abogados que brinden asesoría a los jubilados y pensionados que acepten la propuesta del programa.
Estas tarifas se establecieron en una cantidad fija que se actualiza de acuerdo con la Ley de Movilidad suspendida.
Este concepto no se encuentra en la resolución del Ministerio de Trabajo, que técnicamente tiene los honorarios profesionales pendientes de pago y los que se han sumado mediante aprobaciones realizadas en el futuro se han quedado sin movilidad.
Cabe mencionar que el programa sigue vigente debido a la prórroga que se emitió a mediados de 2019 para cualquiera que no haya rechazado explícitamente la oferta», dice Falcone.
“Cualquier sistema que tenga múltiples variables para quienes van a recibir el mismo tratamiento solo genera distorsiones que, de mantenerse, provocan mayores desigualdades para unos con respecto a otros.
La falta de previsibilidad acentúa la incertidumbre en un sistema que debería dar tranquilidad a las personas mayores», concluye el abogado de pensiones Adrián Tróccoli.